Hace un mes, el Observatorio de la Corrupción Mexicana (OCM) comenzó a generar fichas sobre la cobertura noticiosa de la corrupción en México. Se partió de las premisas que, a) la nota periodística es un insumo capaz de apoyar la vigilancia del ejercicio de la función pública y que, b) la prensa es una suerte de entidad que al ofrecer cobertura de la corrupción en México se convierte en vigilante del interés común. Encuentro que para este comentario sobre la actividad mensual del OCM es necesario matizar esta visión optimista, lo cual se desprende de una reflexión vinculada con el proceso de inclusión y exclusión de los reportes que se incorporan a este espacio.
Como se sugirió en la presentación de este proyecto, la directriz editorial con que inició el OCM podría resumirse en lo siguiente: concentración en reportes que revelen alguna forma de corrupción y opacidad en los ámbitos público y privado; llamarle a las cosas por su nombre; y evitar el uso discrecional de adjetivos y la proyección de opiniones personales. Independientemente del éxito que se ha tenido o no en la aplicación de estos criterios, a lo largo de estas semanas se ha hecho importante utilizar un filtro más estricto al momento de elegir las notas que se incluirán en el blog. La utilización de este filtro consiste, prácticamente, en determinar si el reporte constituye un hecho contundente de corrupción, falta de transparencia, o manejo irresponsable de recursos públicos. ¿Contiene la nota evidencia de que el sujeto o institución imputados actuaron de forma cuestionable? Una respuesta negativa significa que debe descartarse el material, y una positiva que debe agregarse. Por ejemplo, si se revisan las últimas siete entradas entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, se encontrará que todas contienen elementos que justifican un cuestionamiento sobre la honestidad y transparencia de las entidades involucradas, y que por lo tanto debían publicarse. Tómese como ejemplo la ficha "Fotomultas capturan incivilidad de automovilistas tapatíos". Este caso se basó en el reporte de El Informador encabezado "Expiden casi tres mil 500 fotomultas en siete días", el cual fue incluido en el blog debido a que los datos demuestran una incidencia, muy superior a la normalmente registrada, de automovilistas que violaron las leyes de tránsito, al ignorar la luz roja de semáforos en seis cruceros de la ciudad. Otro ejemplo es el de la ficha titulada "Senadores del PRI bloquean transparencia sindical", basada en un reporte de Reforma que claramente establecía una correlación entre el rechazo de legisladores de ese partido y sus vínculos con los sindicatos más poderosos del país. (Posteriormente, los senadores del PRI aceptaron incluir obligaciones diluidas para algunos sindicatos, aunque dejaron intactos a los más influyentes y allegados a su partido).
Noticias en vías de desarrollo
El principal dilema de este observatorio hasta el momento en lo que toca a la selección de material surge, sin embargo, no de los criterios de inclusión sino los de exclusión, que resultan desde mi punto de vista más problemáticos. Esto, debido a la posibilidad de que al dejar fuera ciertas informaciones se esté generando un abanico incompleto entorno a las formas cotidianas de la corrupción en México. En este sentido, me he dado cuenta que a menudo, las notas que provocan más dudas en torno a si deben o no ser publicadas son aquellas relacionadas con debates presentes en la agenda noticiosa, o lo que podría denominarse jocosamente como "noticias en vías de desarrollo". El problema, en este contexto es que por lo general, los reportes relacionados con dinámicas presentes dependen de las declaraciones de los protagonistas de la noticia, en cuyo caso se abre la posibilidad de que la inclusión o exclusión en el blog sea el resultado de una preferencia editorial, de estar de acuerdo o no con la lectura preferida del medio informativo, o con las posturas de las fuentes de información. Por ejemplo, en la nota sobre los senadores del PRI referida en el párrafo anterior, titulada por el diario Reforma "Frenan priistas apertura sindical", su exclusión fue contemplada dado que se pensó que era producto de un debate legislativo en curso entre partidos políticos y que, muy probablemente, Reforma estaba privilegiando las críticas del PAN y PRD hacia el PRI, como un acto reflejo de sus inclinaciones editoriales (así como de las posturas de quienes realizamos el OCM). Finalmente, se optó por incluir el reporte, considerando que contaba con elementos que lo hacían pasar por el filtro antes descrito.
No obstante, en los dos últimos días han circulado dos reportes de implicaciones enormes para el país que sin embargo han sido excluidas de este observatorio. Una de ellas fue publicada el 31 de octubre en la primera plana de Reforma, con el título "Explota el narco minas en Coahuila". La reacción inmediata fue incluirla como entrada, debido a la indicada colaboración de tres empresas en el lavado de dinero, a partir del involucramiento de Los Zetas en la extracción ilegal de carbón en minas de Coahuila. Una consideración en este sentido fue sin embargo, que lo más importante de esta nota era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuviera adquiriendo el mineral extraído por una de las principales organizaciones criminales del país. Esto sí constituiría un caso de corrupción en las más altas esferas de una empresa paraestatal, mientras que el énfasis de Reforma en Los Zetas era poco extraordinario, toda vez que sería normal esperar que un grupo delincuencial busque extenderse a cualquier ámbito en el que pueda generar beneficios económicos. Por otro lado, las "fuentes oficiales" en las que el diario basó su reporte sólo se pronunciaban en el sentido de que Los Zetas sí participan en la extracción de carbón, versión que según Reforma (en un recuadro aparte), fue reiterada por el senador panista y ex Secretario del Trabajo Javier Lozano. Sin embargo, la nota carecía de elementos que establecieran la participación de las empresas señaladas y de la CFE. De hecho, en una nota de seguimiento en su edición del 1 de noviembre, Reforma reportó: "Ligan con narcominería a ex tesorero de Moreira", lo cual de ninguna manera comprueba las imputaciones de su nota del día anterior. De hecho, el sitio de periodismo digital sinembargo.mx publicó el 1 de noviembre una información de la agencia Notimex, en la que la CFE rechazó que sus compras de carbón provinieran del crimen organizado. Mientras que ésta corroboró que efectivamente sus adquisiciones del mineral provienen de las tres empresas señaladas por Reforma, otro reporte de Notimex indicó que falta establecer si existe una relación entre éstas y organizaciones criminales. Pero aún si se comprobara tal conexión, ésta no implicaría una complicidad de la CFE.
El conflicto como detonador periodístico
Otro elemento noticioso que este observatorio optó por descartar fue publicado ayer por Reforma en su página 3, con la cabeza "Acusan a Luis Téllez de ayudar a empresa", basada en señalamientos de un empresario según el cual dos ex ministros colaboraron con la empresa estadounidense Sempra Energy Inc., para que esta pudiera simular la importación temporal y re-exportación de gas, evadiendo así el pago de impuestos por la venta del combustible en México. También en la misma página, Reforma publicó: "Rechaza Sempra denuncia", donde la firma señala que la acusación en su contra estaba relacionada con 'una vieja disputa de carácter civil respecto a un predio propiedad de la empresa'.
Un ejemplo más de material descartado fue el que Reforma tituló como "Estrenan mansión Los Yunes", en su portada y la página 7 del martes 30 de octubre. En este caso, el texto relató que el ex director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo (ex alcalde de Boca del Río), Miguel Ángel Yunes Márquez, habían adquirido casas con un valor de 35 y 45 millones de pesos, respectivamente, en el Club de Golf de la Villa Rica, en Veracruz. El punto sensible, según Reforma, es que el valor de los inmuebles no corresponde al capital que los Yunes pudieron ganar como funcionarios públicos. Estas críticas provienen del actual alcalde de Boca del Río, (que a diferencia de los Yunes pertence al PRI), y que desde el PAN, el partido político al que pertenecen los Yunes, habían generado llamados para que padre e hijo hicieran una declaración de sus bienes patrimoniales. En una complicación de la trama, el miércoles 31 de octubre en la página 5, Reforma publicó: "Exhiben residencia de Duarte", en relación a una casa del actual gobernador de Veracruz Javier Duarte, valuada en un millón de dólares pero que había sido obtenida por su esposa por un valor de 10 dólares. Dos asuntos resaltan en este contexto: que la nota nunca hace mención a la fuente que exhibió la residencia de Duarte, y que en la misma página, en la parte inferior, se incluye otro elemento titulado: "Denuncian los Yunes campaña en su contra", y en el que Miguel Ángel Yunes Linares acusa al gobernador Javier Duarte de orquestar una campaña de desprestigio en su contra, utilizando el falaz tema de sus mansiones con el fin de debilitar su imagen rumbo a una contienda electoral local en el 2013.
El anzuelo del periodismo de investigación
Las tres notas periodísticas referidas en los dos párrafos anteriores tenían en común una insinuación tácita de que funcionarios públicos habían intervenido en actos ilícitos. Aunque éstas contienen elementos de sospecha, ninguna presenta evidencia que permita establecer la presencia de alguna violación. Es verdad que cuando el río suena es porque agua lleva, pero un periódico serio como Reforma, corre el riesgo de perder credibilidad cuando sus prácticas periodísticas se sostienen en el "amarre de navajas", más que en elementos sólidos a partir de los cuales sea posible proceder contra sujetos que atentan contra el interés colectivo. Al margen de esta crítica, de la actividad de este observatorio se han desprendido dos criterios que permiten respaldar decisiones de exclusión editorial: el de las noticias en vías de desarrollo y el de el conflicto como detonador periodístico. La conclusión es que si estos elementos son parte de la ecuación, lo más probable es que el material informativo está lejos de haberse integrado a través de un periodismo de investigación serio, capaz de activar mecanismos institucionales de carácter democrático (Ej. atribución de responsabilidad contra funcionarios públicos). Mientras que esta observación podría fundamentarse a través de un análisis más riguroso, también se sustenta en estudios más sólidos como los comentados por James Curran, para quien 'el periodismo de investigación más osado' es a menudo el producto de ataques mediáticos calculados, los cuales 'pueden considerarse como poco más que una transacción entre elites' (2000: 124). Esperemos que este no sea el caso de Reforma.
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